El Tribunal Supremo ha encomendado a los registros consulares una tarea compleja ante las próximas elecciones del 29 de noviembre. Los funcionarios deben certificar, bajo su propia responsabilidad, que los más de 163.000 ciudadanos inscritos en el CERA mediante la denominada ley de nietos cumplen con el requisito de ser descendientes de personas exiliadas por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual. Esta exigencia administrativa ha generado preocupación en las oficinas diplomáticas, que consideran prácticamente inviable completar este proceso de verificación en el plazo previsto. Hasta la fecha, una parte significativa de los 157 consulados españoles en el extranjero ha manifestado su inquietud ante la imposibilidad técnica de distinguir a tiempo a los electores habilitados bajo estos criterios específicos establecidos por la reciente resolución judicial.
Source : El País
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