El Ejecutivo español ha expresado su malestar ante la reciente determinación del Tribunal Supremo de suspender temporalmente el derecho al sufragio de quienes se acogen a la denominada ley de nietos. Según la resolución judicial, los beneficiarios deberán demostrar fehacientemente su parentesco con exiliados para poder ejercer el voto. Esta medida ha sido interpretada por el Gobierno como un nuevo episodio de confrontación con el poder judicial, sumándose a desacuerdos previos relacionados con la ley de amnistía y decisiones que afectaron a la Fiscalía General. En esta ocasión, la decisión proviene de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, marcando un nuevo punto de fricción en las relaciones institucionales. El Gobierno considera que esta exigencia de acreditación adicional supone un obstáculo para los derechos de los descendientes de españoles en el exterior, en un contexto de tensiones recurrentes entre ambas instituciones durante la presente legislatura.
Source : El País
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